Al acercarnos al \u00faltimo trimestre de 2025, es importante destacar los cambios en la pol\u00edtica de investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos de delitos de cuello blanco en Estados Unidos y su impacto para las empresas que operan en Am\u00e9rica Latina, particularmente en M\u00e9xico. Las acciones regulatorias recientes indican una convergencia sin precedentes de esfuerzos antiterrorismo, anticorrupci\u00f3n y prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Temas de atenci\u00f3n prioritaria para abogados corporativos, oficiales de cumplimiento y l\u00edderes empresariales en toda la regi\u00f3n.<\/p>\n
Identificamos cinco tendencias cr\u00edticas que impactan la forma en que las autoridades estadounidenses abordan las investigaciones transfronterizas, con implicaciones pr\u00e1cticas para las empresas que navegan este entorno regulatorio.<\/p>\n\n\n
La designaci\u00f3n de seis c\u00e1rteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s) conforme al art\u00edculo 219 de la Ley de Inmigraci\u00f3n y Nacionalidad<\/a> y como Terroristas Mundiales Especialmente Designados (SDGT) bajo la Orden Ejecutiva 13224<\/a> representa mucho m\u00e1s que una postura simb\u00f3lica. Estas designaciones activan poderosos mecanismos de investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n que se extienden mucho m\u00e1s all\u00e1 de las herramientas tradicionales.<\/p>\n Conforme al art\u00edculo 18 U.S.C. \u00a7 2339B<\/a>, proporcionar a sabiendas \u2014o intentar o conspirar para proporcionar\u2014 apoyo material o recursos a una FTO constituye un delito federal punible con hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. El Departamento de Justicia ha demostrado su disposici\u00f3n a aplicar este estatuto, tal como en el caso Lafarge<\/a>, en el que una empresa cementera multinacional se declar\u00f3 culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras en Siria.<\/p>\n Las implicaciones para las instituciones financieras son particularmente severas.<\/strong> Los bancos y otras entidades financieras que tengan conocimiento de que poseen o controlan fondos de FTO o sus agentes tienen la obligaci\u00f3n de retener esos fondos e informar al gobierno de Estados Unidos. El incumplimiento conlleva sanciones que pueden ir desde los $50,000 USD o de hasta el doble del monto que deber\u00eda haberse retenido.<\/p>\n El Departamento de Justicia tiene jurisdicci\u00f3n extraterritorial sobre estas violaciones, lo que significa que empresas e individuos que operan fuera de las fronteras estadounidenses pueden ser sujetos a investigaci\u00f3n y enjuiciamiento en los Estados Unidos. Para las empresas en M\u00e9xico y en toda Am\u00e9rica Latina, esto crea una compleja red de obligaciones de cumplimiento que trascienden las fronteras geogr\u00e1ficas tradicionales.<\/p>\n\n\n El 9 de junio de 2025, el Departamento de Justicia emiti\u00f3 nuevas directrices<\/a> a trav\u00e9s de las cuales se puso fin a la pausa temporal en la aplicaci\u00f3n de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Estas directrices establecieron un enfoque reforzado con profundas implicaciones para la regi\u00f3n.<\/p>\n Las directrices priorizan los casos que involucran c\u00e1rteles y organizaciones criminales transnacionales (TCO). Espec\u00edficamente, el DOJ priorizar\u00e1 investigaciones que involucren: (1) operaciones criminales de c\u00e1rteles o TCO; (2) lavadores de dinero o empresas fantasma utilizadas para lavar recursos de c\u00e1rteles; o (3) empleados estatales o funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos de c\u00e1rteles o TCO.<\/p>\n Este realineamiento estrat\u00e9gico no es aislado. La designaci\u00f3n simult\u00e1nea de c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas y el renovado enfoque en la FCPA crea un efecto multiplicador de fuerza: por ejemplo, los pagos indebidos que anteriormente tendr\u00edan una perspectiva antisoborno, ahora pueden implicar acusaciones de apoyo material con sanciones significativamente m\u00e1s severas.<\/p>\n Para las empresas que operan en sectores tradicionalmente vulnerables a la corrupci\u00f3n, particularmente petr\u00f3leo, gas y servicios financieros, esta convergencia exige una reevaluaci\u00f3n fundamental de los marcos de cumplimiento y los protocolos de debida diligencia.<\/p>\n\n\n El nuevo enfoque del DOJ para la implementaci\u00f3n de la FCPA pas\u00f3 r\u00e1pidamente de la pol\u00edtica a la pr\u00e1ctica. A principios de agosto de 2025, el Distrito Sur de Texas dio a conocer una acusaci\u00f3n formal contra dos empresarios mexicanos por orquestar un esquema de sobornos para asegurar contratos con Petr\u00f3leos Mexicanos (PEMEX) y su subsidiaria, PEMEX Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n.<\/p>\n El acusado Ram\u00f3n Alexandro Rovirosa Mart\u00ednez fue arrestado el 11 de agosto de 2025 y desde entonces ha solicitado un juicio expedito, se\u00f1alando lo que promete ser un caso de gran impacto. La investigaci\u00f3n de PEMEX subraya que las nuevas prioridades no dejaran de lado la relevancia de sectores estrat\u00e9gicos.<\/p>\n\n\n <\/p>\n El 25 de junio de 2025 marc\u00f3 un momento crucial para el sector financiero de M\u00e9xico. FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emiti\u00f3 \u00f3rdenes que proh\u00edben a bancos norteamericanos realizar transacciones con tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta acci\u00f3n representa la primera aplicaci\u00f3n de la Ley FEND Off Fentanyl de 2024, que autoriza al Tesoro a imponer sanciones utilizando el mismo marco establecido por la Ley USA PATRIOT. Originalmente promulgada en 2001 para combatir el financiamiento del terrorismo, la Ley PATRIOT otorga amplias facultades para designar a individuos y entidades que brindan apoyo a organizaciones terroristas y para excluirlos efectivamente del sistema financiero estadounidense.<\/p>\n Aunque las \u00f3rdenes de FinCEN a\u00fan no han entrado en vigor debido a extensiones determinadas por la autoridad (ahora programadas para el 20 de octubre de 2025<\/a>), las consecuencias para estos bancos han sido devastadoras. Las tres instituciones fueron intervenidas por la CNBV (Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores), y hasta ahora todas ellas han sido o est\u00e1n en proceso de ser vendidas<\/a>.<\/p>\n <\/p>\n La aplicaci\u00f3n de estas herramientas para combatir el tr\u00e1fico de fentanilo, combinada con las designaciones de c\u00e1rteles como organizaciones terroristas, crea una poderosa sinergia. Las instituciones financieras que no implementen controles robustos contra el lavado de dinero arriesgan no solo multas regulatorias, sino amenazas existenciales para sus operaciones comerciales. Las consecuencias pueden ser devastadoras incluso antes del comienzo de procedimientos formales, lo que demuestra que el da\u00f1o reputacional y operativo puede ser catastr\u00f3fico independientemente de los resultados legales finales.<\/p>\n <\/p>\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El 13 de agosto de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3<\/a> a cuatro individuos mexicanos y 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempos compartidos supuestamente liderado por el C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). Estos individuos y empresas tienen su base cerca de Puerto Vallarta, un popular destino tur\u00edstico. Vale la pena recordar que el CJNG ha sido designado por el gobierno de los Estados Unidos como una Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (FTO).<\/p>\n Las implicaciones de estas sanciones son de gran alcance. Todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses est\u00e1n bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Adem\u00e1s, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas, tambi\u00e9n est\u00e1 bloqueada. A menos que est\u00e9 autorizada por una licencia general o espec\u00edfica emitida por OFAC, o de otra manera exenta. Las regulaciones de OFAC generalmente proh\u00edben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de (o en tr\u00e1nsito por) Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas bloqueadas.<\/p>\n Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposici\u00f3n de sanciones civiles o penales, tanto a personas estadounidenses como extranjeras, creando una exposici\u00f3n significativa para empresas que inadvertidamente realizan transacciones con entidades designadas.<\/p>\n Esta expansi\u00f3n refleja una comprensi\u00f3n sofisticada de c\u00f3mo las organizaciones criminales transnacionales pueden generar ganancias il\u00edcitas en la econom\u00eda leg\u00edtima. Los sectores de turismo y hospitalidad, con sus transacciones en efectivo de alto volumen, estructuras de propiedad complejas y clientela internacional, presentan veh\u00edculos atractivos para operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n Para las empresas en toda Am\u00e9rica Latina, el mensaje es claro: ning\u00fan sector est\u00e1 exento de escrutinio. Las empresas deben evaluar su exposici\u00f3n no en funci\u00f3n de las normas de la industria o los patrones hist\u00f3ricos de aplicaci\u00f3n, sino en funci\u00f3n de los riesgos reales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo presentes en sus contextos operativos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n <\/p>\n Estas tendencias en investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n convergen para crear un entorno excepcionalmente desafiante para las empresas que operan en o con conexiones a Am\u00e9rica Latina. Varios pasos pr\u00e1cticos pueden ayudar a mitigar la exposici\u00f3n:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n El panorama de investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n de lo que va del 2025 representa una recalibraci\u00f3n de c\u00f3mo las autoridades estadounidenses abordan el crimen de cuello blanco transfronterizo y su impacto en Am\u00e9rica Latina. La convergencia de herramientas antiterroristas, nuevas directrices anticorrupci\u00f3n y despliegue agresivo de sanciones crea riesgos sin precedentes para empresas desprevenidas.<\/p>\n Las empresas que adapten proactivamente sus marcos de cumplimiento, mejoren sus procesos de debida diligencia y contraten asesores experimentados para navegar este entorno complejo estar\u00e1n mejor posicionadas no solo para evitar la exposici\u00f3n a sanciones, sino para mantener ventajas competitivas mientras los competidores tropiezan.<\/p>\n El entorno regulatorio continuar\u00e1 evolucionando, pero una constante permanece: la gesti\u00f3n de riesgos informada y proactiva consistentemente supera la respuesta reactiva a crisis.<\/p>\n\n\n Este art\u00edculo se proporciona \u00fanicamente con fines informativos y no constituye asesor\u00eda legal. Las empresas que enfrentan preguntas espec\u00edficas de cumplimiento o exposici\u00f3n a la aplicaci\u00f3n de la ley deben consultar con asesor\u00eda legal calificada.<\/em><\/p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column]\n\t\t\t[\/et_pb_row]\n\t\t[\/et_pb_section]","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Al acercarnos al \u00faltimo trimestre de 2025, es importante destacar los cambios en la pol\u00edtica de investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos de delitos de cuello blanco en Estados Unidos y su impacto para las empresas que operan en Am\u00e9rica Latina, particularmente en M\u00e9xico. 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Temas de atenci\u00f3n prioritaria para abogados corporativos, oficiales de cumplimiento y l\u00edderes empresariales en toda la regi\u00f3n.<\/p>\n Identificamos cinco tendencias cr\u00edticas que impactan la forma en que las autoridades estadounidenses abordan las investigaciones transfronterizas, con implicaciones pr\u00e1cticas para las empresas que navegan este entorno regulatorio.<\/p>\n\n\n La designaci\u00f3n de seis c\u00e1rteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s) conforme al art\u00edculo 219 de la Ley de Inmigraci\u00f3n y Nacionalidad<\/a> y como Terroristas Mundiales Especialmente Designados (SDGT) bajo la Orden Ejecutiva 13224<\/a> representa mucho m\u00e1s que una postura simb\u00f3lica. Estas designaciones activan poderosos mecanismos de investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n que se extienden mucho m\u00e1s all\u00e1 de las herramientas tradicionales.<\/p>\n Conforme al art\u00edculo 18 U.S.C. \u00a7 2339B<\/a>, proporcionar a sabiendas \u2014o intentar o conspirar para proporcionar\u2014 apoyo material o recursos a una FTO constituye un delito federal punible con hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. El Departamento de Justicia ha demostrado su disposici\u00f3n a aplicar este estatuto, tal como en el caso Lafarge<\/a>, en el que una empresa cementera multinacional se declar\u00f3 culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras en Siria.<\/p>\n Las implicaciones para las instituciones financieras son particularmente severas.<\/strong> Los bancos y otras entidades financieras que tengan conocimiento de que poseen o controlan fondos de FTO o sus agentes tienen la obligaci\u00f3n de retener esos fondos e informar al gobierno de Estados Unidos. El incumplimiento conlleva sanciones que pueden ir desde los $50,000 USD o de hasta el doble del monto que deber\u00eda haberse retenido.<\/p>\n El Departamento de Justicia tiene jurisdicci\u00f3n extraterritorial sobre estas violaciones, lo que significa que empresas e individuos que operan fuera de las fronteras estadounidenses pueden ser sujetos a investigaci\u00f3n y enjuiciamiento en los Estados Unidos. Para las empresas en M\u00e9xico y en toda Am\u00e9rica Latina, esto crea una compleja red de obligaciones de cumplimiento que trascienden las fronteras geogr\u00e1ficas tradicionales.<\/p>\n\n\n El 9 de junio de 2025, el Departamento de Justicia emiti\u00f3 nuevas directrices<\/a> a trav\u00e9s de las cuales se puso fin a la pausa temporal en la aplicaci\u00f3n de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Estas directrices establecieron un enfoque reforzado con profundas implicaciones para la regi\u00f3n.<\/p>\n Las directrices priorizan los casos que involucran c\u00e1rteles y organizaciones criminales transnacionales (TCO). Espec\u00edficamente, el DOJ priorizar\u00e1 investigaciones que involucren: (1) operaciones criminales de c\u00e1rteles o TCO; (2) lavadores de dinero o empresas fantasma utilizadas para lavar recursos de c\u00e1rteles; o (3) empleados estatales o funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos de c\u00e1rteles o TCO.<\/p>\n Este realineamiento estrat\u00e9gico no es aislado. La designaci\u00f3n simult\u00e1nea de c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas y el renovado enfoque en la FCPA crea un efecto multiplicador de fuerza: por ejemplo, los pagos indebidos que anteriormente tendr\u00edan una perspectiva antisoborno, ahora pueden implicar acusaciones de apoyo material con sanciones significativamente m\u00e1s severas.<\/p>\n Para las empresas que operan en sectores tradicionalmente vulnerables a la corrupci\u00f3n, particularmente petr\u00f3leo, gas y servicios financieros, esta convergencia exige una reevaluaci\u00f3n fundamental de los marcos de cumplimiento y los protocolos de debida diligencia.<\/p>\n\n\n El nuevo enfoque del DOJ para la implementaci\u00f3n de la FCPA pas\u00f3 r\u00e1pidamente de la pol\u00edtica a la pr\u00e1ctica. A principios de agosto de 2025, el Distrito Sur de Texas dio a conocer una acusaci\u00f3n formal contra dos empresarios mexicanos por orquestar un esquema de sobornos para asegurar contratos con Petr\u00f3leos Mexicanos (PEMEX) y su subsidiaria, PEMEX Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n.<\/p>\n El acusado Ram\u00f3n Alexandro Rovirosa Mart\u00ednez fue arrestado el 11 de agosto de 2025 y desde entonces ha solicitado un juicio expedito, se\u00f1alando lo que promete ser un caso de gran impacto. La investigaci\u00f3n de PEMEX subraya que las nuevas prioridades no dejaran de lado la relevancia de sectores estrat\u00e9gicos.<\/p>\n\n\n <\/p>\n El 25 de junio de 2025 marc\u00f3 un momento crucial para el sector financiero de M\u00e9xico. FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emiti\u00f3 \u00f3rdenes que proh\u00edben a bancos norteamericanos realizar transacciones con tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta acci\u00f3n representa la primera aplicaci\u00f3n de la Ley FEND Off Fentanyl de 2024, que autoriza al Tesoro a imponer sanciones utilizando el mismo marco establecido por la Ley USA PATRIOT. Originalmente promulgada en 2001 para combatir el financiamiento del terrorismo, la Ley PATRIOT otorga amplias facultades para designar a individuos y entidades que brindan apoyo a organizaciones terroristas y para excluirlos efectivamente del sistema financiero estadounidense.<\/p>\n Aunque las \u00f3rdenes de FinCEN a\u00fan no han entrado en vigor debido a extensiones determinadas por la autoridad (ahora programadas para el 20 de octubre de 2025<\/a>), las consecuencias para estos bancos han sido devastadoras. Las tres instituciones fueron intervenidas por la CNBV (Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores), y hasta ahora todas ellas han sido o est\u00e1n en proceso de ser vendidas<\/a>.<\/p>\n <\/p>\n La aplicaci\u00f3n de estas herramientas para combatir el tr\u00e1fico de fentanilo, combinada con las designaciones de c\u00e1rteles como organizaciones terroristas, crea una poderosa sinergia. Las instituciones financieras que no implementen controles robustos contra el lavado de dinero arriesgan no solo multas regulatorias, sino amenazas existenciales para sus operaciones comerciales. Las consecuencias pueden ser devastadoras incluso antes del comienzo de procedimientos formales, lo que demuestra que el da\u00f1o reputacional y operativo puede ser catastr\u00f3fico independientemente de los resultados legales finales.<\/p>\n <\/p>\n\n\n <\/p>\n\n\n\n2. La aplicaci\u00f3n del FCPA regresa reforzada<\/strong><\/h2>\n\n\n
3. La Teor\u00eda se Encuentra con la Pr\u00e1ctica: El Caso PEMEX<\/strong><\/h2>\n\n\n
4. La Ley FEND Off Fentanyl: Una Nueva Arma en el Arsenal del Tesoro<\/strong><\/h2>\n\n\n
5. M\u00e1s All\u00e1 de la Banca: Las Sanciones al Sector Tur\u00edstico Se\u00f1alan un Alcance de Aplicaci\u00f3n M\u00e1s Amplio<\/strong><\/h2>\n\n\n
Implicaciones Pr\u00e1cticas y Mitigaci\u00f3n de Riesgos<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n\n\n1. Designaci\u00f3n de C\u00e1rteles como organizaciones terroristas.<\/strong><\/h2>\n\n\n
2. La aplicaci\u00f3n del FCPA regresa reforzada<\/strong><\/h2>\n\n\n
3. La Teor\u00eda se Encuentra con la Pr\u00e1ctica: El Caso PEMEX<\/strong><\/h2>\n\n\n
4. La Ley FEND Off Fentanyl: Una Nueva Arma en el Arsenal del Tesoro<\/strong><\/h2>\n\n\n
5. M\u00e1s All\u00e1 de la Banca: Las Sanciones al Sector Tur\u00edstico Se\u00f1alan un Alcance de Aplicaci\u00f3n M\u00e1s Amplio<\/strong><\/h2>\n\n\n