El mundial de futbol en el que México será coanfitrión -junto con Estados Unidos y Canada este 2026- proyecta, al menos, una potencial derrama económica para México de alrededor de 3,000 millones de dólares[1]. Un evento sin precedentes con sede en diversos estadios en estos tres países de America del Norte que tendrá un impacto significativo en las economías nacionales y, desde luego, en el comercio trasnacional.
Sin embargo, el incremento en las contrataciones públicas, transacciones comerciales internacionales, bienes y servicios, así como en el sector de apuestas, implican a su vez el potencial incremento de riesgos de lavado de dinero y, en su caso, directa o indirectamente “financiamiento al terrorismo”, mediante transacciones que puedan beneficiar a miembros de cárteles mexicanos denominados como terroristas por parte el gobierno de Estados Unidos. La fiebre mundialista incrementará los riesgos asociados al lavado de dinero a través de apuestas y casinos, así como movimientos extraordinarios en sistema bancarios y otros giros de comercio, servicios y consumo.
Estos retos que, asociados con la reciente y acuciosa política de investigación y sanciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos, pueden implicar severas consecuencias para sectores financieros y no financieros que operan en México, ante una completamente nueva realidad de escrutinio, rendición de cuentas y sanciones. Consecuencias que pueden dejar resultados que perduren más allá de la entrega de la copa del Mundo.
2025 el año paradigmático.
El 2025 marcó una nueva pauta, particularmente en junio, con el anuncio de sanciones impuestas por FinCEN en contra de Ci Banco, Intercam y Vector[2] , que se tradujeron en la prohibición para instituciones financieras norteamericanas de continuar con cuentas corresponsables bancarias con estas instituciones mexicanas por estar asociadas a potencial lavado de dinero para organizaciones criminales, que marcó un referente en la forma en que se llevaron las investigaciones, así como los puntos que detonaron tales sanciones.
- La primera, que los bancos extranjeros (como en el caso, provenientes México) no necesitan tener sedes o cotizar en bolsas en Estados Unidos para ser sujetos de sus reglas, pues la mera banca corresponsal con bancos estadounidenses es suficiente para hacerlos susceptibles de rendición de cuentas y potenciales sanciones.
- Segunda, las sanciones administrativas impuestas por FinCEN -incluso su mero anuncio-, pueden ser más rápidas y letales (para efectos pragmáticos) que el inicio y sustanciación de procedimientos penales o civiles en los EE.UU.
Asimismo, al cierre del 2025, el Departamento del Tesoro emitió una nueva y potente acción conjunta entre la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y FinCEN. La acción OFAC impuso sanciones económicas a 27 entidades e individuos con operaciones en México por estar asociados con Hysa Organized Crime Group (HOCG). Estos sujetos operaban principalmente establecimientos de juego y restaurantes que, de acuerdo con la OFAC, eran utilizados para lavar las ganancias del narcotráfico y con el consentimiento del Cartel de Sinaloa el cual, de acuerdo con el Tesoro mantiene control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo comercial llevaba a cabo sus actividades. [3]
Las consecuencias de estas sanciones OFAC implican que todos los bienes e intereses de los sujetos designadas que se encuentren en los Estados Unidos, así como bajo la posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Además, cualquier empresa que sea propiedad, directa o indirecta, individual o que en su conjunto tengan un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas, también quedan bloqueadas.[3] Cabe destacar, que las personas que son incluidas en sanciones OFAC pueden llevar a cabo un proceso de des-liste ante el Departamento del Tesoro, lo cual implica una serie de acciones y procedimientos que no son del todo simples.
Derivado de la misma acción coordinada, FinCEN emitió una acción para restringir a bancos estadounidenses la apertura o continuación de banca corresponsal con instituciones financieras mexicanas que tuvieran transacciones con 10 casinos específicos localizados en el norte de México. Al considerar que tales casinos podrían ser un potencial riesgo de lavado de dinero y estar vinculados para el Cartel de Sinaloa, este tipo de “sanción” -aun en una fase de propuesta y que técnicamente aún no está en vigencia plena- en sí misma tiene como consecuencia, tal como ocurrió en el caso de los bancos mexicanos sancionados previamente, que los bancos estadounidenses pueden requerir a sus corresponsales mexicanos el cumplimiento inmediato de estas reglas; lo cual, para efectos prácticos, deja al establecimiento objetivo (los casinos) fuera del sistema financiero estadounidense y, potencialmente, del mexicano.
El nuevo enfoque del DOJ para la implementación de la FCPA pasó rápidamente de la política a la práctica. A principios de agosto de 2025, el Distrito Sur de Texas dio a conocer una acusación formal contra dos empresarios mexicanos por orquestar un esquema de sobornos para asegurar contratos con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su subsidiaria, PEMEX Exploración y Producción.
El acusado Ramón Alexandro Rovirosa Martínez fue arrestado el 11 de agosto de 2025 y desde entonces ha solicitado un juicio expedito, señalando lo que promete ser un caso de gran impacto. La investigación de PEMEX subraya que las nuevas prioridades no dejaran de lado la relevancia de sectores estratégicos.
Cripto, una prioridad.
El pasado 5 de febrero, A. Tysen Duva de (Assistant Attorney General of the Criminal Division) uno de los más altos liderazgos dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos refirió en una entrevista que el Departamento de Justicia centrará sus esfuerzos para investigar y perseguir casos en los que miembros de cárteles mexicanos utilizan cripto para lavar recursos procedentes de fuentes ilícitas. [4]
Esto ya es una realidad, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), en investigaciones y juicios criminales ha sido especialmente enfático en su política de priorización de casos que involucran esquemas de potencial lavado de dinero, a través el uso de wallets de criptomonedas.
El DOJ ha logrado veredictos de culpabilidad en juicios penales en los que se sanciona a individuos por operar estas wallets de cripto en países como Colombia. El DOJ ha argumentado qué éstas wallets debían estar debidamente registradas y con licencia como “transmisores de dinero” en términos de la Ley de Secreto Bancario estadounidense debido a que durante el esquema se utilizaron cuentas estadounidenses para el cambio a dólares, en caso de que según el Departamento de Justicia fue implementado para lavar más de 300 millones de dólares.[5]
Estos riesgos se ven incrementados si se toma en cuenta, además, que tanto la Securities Exchange Comission (Comisión de Valores de EUA), FinCEN y el propio Departamento de Justicia, cuentan con potentes mecanismos de recompensas para informantes llamados Whistlewblowers. Estos programas, pueden implicar la recompensa de entre el 10 y el 30% de la suma recuperada por el Gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando ésta sea de una suma mayor a 1 millón de dólares. Es importante, tener en consideración que, para acceder a estos programas, los whistleblowers no tienen que ser ciudadanos americanos o estar basados en los Estados Unidos y que la mayoría de las agencias tienen programas en línea para presentar reportes online.
¿Qué significa esto para empresas e instituciones financieras en México?
Que con independencia de los acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad con sus empleados y contratistas, cualquiera de ellos puede acudir a reportar potenciales casos de violación a estas normas y en caso de éxito, ser sujeto de una recompensa que, en algunos casos, han llegado a la suma de 279 millones de dólares como recompensa y garantía de anonimato.[6]
La fiebre mundialista que, ya es visible en cada rincón de México y del continente, implicará una gran afluencia de personas, capitales, contrataciones y, desde luego, apuestas; lo que representa una gran oportunidad para la economía del país. Sin embargo, también esto implica el incremento de importantes riesgos que deben ser debidamente identificados para prevenir autogoles, con resultados desastrosos. En el marco de los riesgos reforzados es fundamental:
- Refuerzo en la identificación y mitigación de riesgos: Las empresas e instituciones financieras deben reforzar sus esquemas para identificar los puntos clave de riesgo latente que se verán incrementados con la Copa del Mundo y establecer estrategias sólidas para mitigarlos, con un especial énfasis de cuidado en los vínculos con FTOs (organizaciones designadas como terroristas).
- Prepararse para el Juicio: La imputación de corporaciones en 2025 demuestra que el DOJ está dispuesto a litigar. Los programas de cumplimiento no pueden ser “de papel”; deben ser lo suficientemente efectivos para resistir un potencial juicio criminal.
- Escuchar a los denunciantes: Asegúrese de que los canales de denuncia interna sean confiables y receptivos. Si un empleado se siente ignorado, puede ser que recurran a canales gubernamentales y, además, tiene incentivos financieros para hacerlo.
[1] Mundial 2026 dejaría hasta 3,000 mdd en México: así busca el país capitalizar el turismo deportivo, consulta en https://www.eleconomista.com.mx/politica/mundial-2026-dejaria-3-000-mdd-mexico-asi-busca-pais-capitalizar-turismo-deportivo-20251115-786758.html
[2]Treasury Issues Unprecedented Orders under Powerful New Authority to Counter Fentanyl en https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter
[3] Treasury and Government of Mexico Partners Target Transnational Criminal Organization, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0315
[4] Justice Department steps up pressure on cartels’ financial networks as launderers turn to crypto, available at https://apnews.com/article/justice-department-cartels-money-laundering-cryptocurrency-4f64f93f0a4e7135bbba184f2832a041
[5] Florida Man Convicted of Leading $300 Million Money Laundering Operation for Transnational Criminal Organization, https://www.justice.gov/usao-edny/pr/florida-man-convicted-leading-300-million-money-laundering-operation-transnational
[6] SEC Issues Largest-Ever Whistleblower Award https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2023-89#:~:text=The%20Securities%20and%20Exchange%20Commission,ill%2Dgotten%20gains%20and%20interest
